Cobán, 2 jul (SCI) – La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Ana Patricia Orantes, visitó Cobán como parte de una gira nacional que busca recoger insumos para la propuesta de una Ley de Aguas, la cual será presentada por el presidente Bernardo Arévalo al Congreso de la República en el segundo semestre del año.
Durante su visita, la ministra sostuvo reuniones con comunidades, autoridades indígenas, sectores productivos y organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones y propuestas sobre el acceso y la gestión del agua en la región.
“Aquí sale agua hasta por debajo de las piedras, pero la mitad de la población no tiene agua en sus casas”, explicó Orantes, al señalar la contradicción entre la abundancia hídrica del departamento y las condiciones de acceso que enfrentan muchas familias. Agregó que en Alta Verapaz se vive un proceso acelerado de contaminación de ríos y efectos del cambio climático que comprometen la disponibilidad del recurso.
Consulta ciudadana como base de la ley
Orantes enfatizó que el enfoque de la propuesta de ley es participativo y descentralizado: “Podríamos redactar una ley desde un escritorio en la ciudad de Guatemala, pero esa no es la manera de gobernar del presidente Bernardo Arévalo. Para una ley tan importante, hay que estar donde está la gente y donde está el agua”.
Indicó que esta es la segunda ronda de encuentros en Alta Verapaz, donde ya se han realizado reuniones previas en municipios como Chisec. En paralelo, otro equipo del ministerio sostuvo reuniones en ese municipio con representantes del Ixcán, sur de Petén y el occidente del departamento.
Según la funcionaria, una de las metas del proyecto es que la ley sea “muy técnica, muy justa y construida con la gente”, con el fin de facilitar su análisis y aprobación legislativa.
Recuperación de ríos y combate a la impunidad ambiental
La ministra subrayó que la nueva legislación no solo busca regular el uso del agua, sino también fortalecer la protección ambiental. “Mientras no ha habido ley de aguas, lo que hay es la ley del más fuerte. Queremos asegurar que todos tengan derecho al agua, sin importar su poder político o económico”, afirmó.
Durante la entrevista, mencionó casos recientes como la contaminación de un río en San Juan Chamelco, cuya agua apareció teñida de rojo. “Probablemente se trata de una empresa que está vertiendo colorantes al agua, pero el Ministerio ya le está dando seguimiento al caso”, dijo.
La ley incluiría disposiciones para que el gobierno central asuma parte de la responsabilidad en la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras, actualmente a cargo de las municipalidades. “Queremos modificar esa parte de la Ley de Salud y permitir que el Estado invierta directamente en sistemas de tratamiento, porque todos usamos y ensuciamos el agua”, explicó.
Municipios, monocultivos y derecho comunitario
Orantes también reconoció la responsabilidad compartida en la gestión del agua, incluyendo a empresas y monocultivos como los de palma africana, que operan en el sur de Petén y Alta Verapaz. “La mayoría tiene plantas de tratamiento que funcionan, pero entendemos que el uso intensivo de agua y los residuos también son temas que deben regularse”, señaló.
Consultada sobre la ausencia de la mayoría de alcaldes en las reuniones, Orantes afirmó que “los alcaldes son aliados naturales de esta ley”, ya que tienen la obligación legal de proveer agua potable y tratar aguas residuales. Añadió que el acuerdo gubernativo que les exigía cumplir estas funciones fue llevado a la Corte de Constitucionalidad por la ANAM, lo que consideró un retroceso: “Eso es un crimen contra el ambiente”, sentenció.
No obstante, informó que el Ministerio logró establecer una nueva norma dentro del sistema de Consejos de Desarrollo que obliga a las municipalidades a destinar fondos para tratamiento de aguas y manejo de desechos a partir de 2027.
Regular el uso y evitar la privatización
Finalmente, la ministra advirtió sobre el riesgo de privatización del agua en ausencia de una regulación adecuada. “Lo que vemos hoy es gente que saca agua con grandes pozos y la vende. Eso es privatización, y aunque no buscamos prohibirlo, sí queremos regularlo para evitar acaparamiento y desvíos de ríos”.
Recordó que el artículo 127 de la Constitución establece que el agua es un bien público y pertenece al pueblo de Guatemala. Por ello, la propuesta incluirá sanciones para quienes contaminen o acaparen el recurso. “Todos los delitos contra el agua quedarán tipificados como tales”, afirmó.
La gira de consultas continuará en otros municipios del país, con el objetivo de que la futura Ley de Aguas refleje las necesidades y realidades de todas las regiones.
